En un proceso inédito en el mundo, en enero de 2012 la justicia ecuatoriana confirmaba la sentencia emitida un año antes: la petrolera Chevron-Texaco es culpable de haber arrojado millones de toneladas de material tóxico a la selva amazónica y debe pagar una factura de 19,2 mil millones de dólares, la cifra más alta en la historia de las indemnizaciones judiciales. Los abogados de los 30.000 indígenas y campesinos que forman la Asamblea de Afectados por Texaco no tardaron en iniciar los trámites para cobrar el dinero. Pero no en Ecuador, donde la compañía estadounidense hace tiempo que retiró sus activos, sino en Canadá, Brasil, Colombia y Argentina.
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